El Gobierno Nacional anunció que se ampliará la cobertura y el monto de las transferencias monetarias a los beneficiarios de ´Colombia Mayor´.

Con la medida, más de 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad contarán con mayor protección y dignidad. “Con dignidad cumplimos y así el Gobierno del Cambio”, anotó el titular de la cartera laboral.

A partir del 1 de octubre de 2025 el Gobierno, a través de Prosperidad Social, iniciará el tránsito hacia el Pilar Solidario, donde las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años pasarán de recibir $80.000 a $230.000 y las personas mayores de 80 años recibirán $230.000.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, anotó que se inició la búsqueda de 1,6 millones de adultos mayores que aún no están en las bases de datos, para llegar a 3,1 millones de beneficiarios.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, presentó los lineamientos de la nueva Ley de Financiamiento, una reforma tributaria que, busca fortalecer las finanzas públicas, garantizar recursos para la inversión social y avanzar en progresividad fiscal.

Durante su intervención, el funcionario detalló los principales cambios que contempla la iniciativa:
• Ajustes en el IVA aplicables a vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, hospedaje de no residentes y juegos de azar por internet.
• Impuestos a los combustibles fósiles, alcohol carburante y biodiesel, con un crecimiento progresivo.
• Cambios en el impuesto de renta para personas naturales, que incluyen la eliminación de deducciones y descuentos, entre ellos el de dividendos.

“No se están tocando los productos de la canasta familiar”, enfatizó el ministro, en respuesta a versiones que circularon en redes sociales, sobre el incremento a productos de la canasta familiar.

Otra de las preguntas reiterativas en la rueda de prensa, fue sobre las posibles alternativas en caso de no obtener una respuesta positiva por parte del Congreso de la República, sin embargo, el ministro de Hacienda expresó su plena disposición al diálogo y dejó claro que el Gobierno Nacional está enfocado en esta propuesta tributaria.

En caso de presentarse una negativa, se estudiarán, entonces, nuevas alternativas para cumplir con el objetivo de garantizar la estabilidad económica en el país.

La DIAN explicó las novedades introducidas en la Resolución 210 de 2025 que incluyó cambios y actualizó normas relacionadas con el ejercicio profesional de compra y venta de divisas en Colombia.

La entidad destacó los importantes avances normativos y tecnológicos que fortalecen la formalización y modernización de la actividad cambiaria, clave para la desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional.

Entre los temas abordados, se destacan:

1. La profesionalización con sello de legalidad: La norma reafirma la importancia de contar con operadores formales y autorizados para la compra y venta de divisas. Este reconocimiento no solo legitima la labor de quienes cumplen con los requisitos del régimen cambiario, sino que también les otorga respaldo normativo para ejercer su actividad con transparencia, seguridad y acceso a herramientas tecnológicas de última generación.

2. Venta de divisas a domicilio: Tema que constituye una de las grandes novedades. Mediante una regulación clara, se habilita este servicio bajo parámetros que garantizan trazabilidad, verificación y cumplimiento del régimen cambiario, ofreciendo a los usuarios mayor comodidad, sin perder de vista la legalidad de la operación. Una oportunidad para ampliar el alcance del servicio y fidelizar nuevos clientes.

3. Dispensadores electrónicos de divisas: La Resolución 210 de 2025 da paso a un nuevo canal de distribución: los dispensadores automáticos de dinero en moneda extranjera. Esta medida permite a los profesionales del cambio autorizados, diversificar su portafolio de servicios, adaptarse a los retos de la modernidad y ofrecer atención 24/7, con respaldo normativo y tecnológico.

F4. actura electrónica y declaración de cambio: Como parte del fortalecimiento del control fiscal, la factura electrónica podrá sustituir la Declaración de Cambio - Formulario 18, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Banco de la República y la DIAN.

De esta forma, a través de la Resolución 210, se busca fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), que deben aplicar los profesionales de cambio en el ejercicio de la actividad de compra y venta de divisas.

Ante la persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, normativa que modificó el Decreto 1047 de 2024 para establecer una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel.

La medida, firmada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, junto a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, refuerza la política del presidente Gustavo Petro basada en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El decreto establece que desde el 18 de marzo de este año Israel aumentó su ofensiva bélica contra el pueblo palestino, generando un nuevo escalamiento del conflicto. “Como resultado, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025, se ha reportado que 680.000 palestinos han sido desplazados, 5.334 palestinos han sido asesinados y 17.839 han sido heridos como consecuencia de la ofensiva bélica adelantada por Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 heridos por las acciones de Israel. Adicionalmente, se ha reportado un crecimiento en el número de personas asesinadas y heridas cuando intentan acceder a los suministros humanitarios de comida y otros bienes esenciales”, señala el decreto.

El Gobierno del Cambio considera que esta restricción contribuye a prevenir el genocidio del pueblo palestino y evita que los recursos naturales de Colombia aporten a la máquina de guerra del Estado de Israel.

Previo a la expedición de este nuevo decreto, el proyecto fue publicado y puesto a consideración de la opinión pública y de los grupos de interés entre el 28 de julio y el 15 de agosto. En este tiempo se recibieron las observaciones que se tuvieron en cuenta para la implementación de la norma.

El decreto estipula que la prohibición estará vigente hasta que se cumplan las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la medida.

Fundamentos de la decisión
El decreto se sustenta en tres pilares esenciales:
1. Respeto a las normas imperativas del derecho internacional: las operaciones militares en Gaza han sido señaladas como una "grave transgresión" a normas imperativas como la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, la prohibición del uso de la fuerza y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Colombia, como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, reafirma su compromiso de cooperar para poner fin a estas graves violaciones.

2. Protección de los derechos humanos y de la población civil: el decreto busca proteger la vida y la dignidad humana, la primacía de los derechos de la persona y, de manera especial, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.

3. Coherencia como actor internacional: Colombia, al ser elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027, asumió la responsabilidad de actuar de forma coherente con los principios internacionales y de fortalecer el sistema multilateral de derechos humanos. Por ello, el país adopta medidas para evitar que las exportaciones de carbón sean utilizadas en cadenas de suministro que puedan contribuir a la consecución de un genocidio.

Como manifestó la ministra Diana Marcela Morales Rojas: “Esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel que, de acuerdo con organismos internacionales y como lo ha explicado el presidente Petro, vulneran principios y derechos fundamentales en la Franja de Gaza”.

Mecanismos que respaldan la medida
El Gobierno del Cambio ampara la decisión a través de convenios internacionales adoptados por Colombia, en normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en mecanismos que permite el Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel.

Así, en 1945 Colombia aprobó la Carta de las Naciones Unidas en la que se defienden medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y además aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio.

Por otro lado, la OMC permite a sus miembros adoptar medidas que i) garanticen el concepto de moral púbica en un ámbito internacional. En este sentido la República de Colombia considera que el genocidio en contra del pueblo palestino es un crimen de lesa humanidad, que desconoce su estándar internacional de moral pública, así como ii) medidas en tiempos de guerra o de grave tensión internacional. Para Colombia, la situación en la Franja de Gaza amerita implementar medidas de ese tipo, como una forma de prevenir actos de genocidio.

Adicionalmente, desde octubre del 2024, y por primera vez, Colombia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, elección que no solo le otorga al país voz y voto en las decisiones clave sobre la protección y promoción de los derechos humanos a nivel global, sino que también “conlleva el compromiso de actuar de manera coherente con los principios y obligaciones internacionales en la materia, y de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral de derechos humanos”.

Dado lo anterior, y que para Colombia las acciones de Israel son actos de genocidio y van en contra de normas internacionales que precisamente buscan prevenirlo, se restringen las exportaciones de carbón.