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El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, acompañado de las centrales sindicales y los gremios empresariales del país, entidades que hacen parte de la Comisión Permantente de Concertación de Politicas Salariales y Laborales, instalaron la mesa donde se busca concertar el incremento del salario mínimo para 2026, según lo indica la Ley 278 de 1996.

“El incremento del salario mínimo es un asunto vital para la vida de las trabajadoras y trabajadores. Por lo menos 12 millones devengan hasta 1 salario mínimo, luego el impacto sobre la vida de ellos y sus familias es fundamental en términos de garantizarles un mínimo vital y de hacer justicia laboral, porque sin fuerza laboral no hay riqueza”, señaló Sanguino.

“Como lo ha venido demostrando el gobierno del presidente Petro, un incremento real del ingreso de los trabajadores que ha sido poco más del 17% y nominalmente ha estado por el orden del 37.6%, ha significado un impacto positivo en el crecimiento económico”, agregó.

El titular de la cartera laboral precisó: “la última medición del DANE nos habla del 3.6% del crecimiento del PIB y ha significado una caída del desempleo, la última tasa de desocupación se registra en el 8.2%, la más baja del siglo, con una inflación controlada que significa ingresos reales y mejoras de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Si eso se complementa con la reforma laboral, estamos poniendo en marcha una agenda progresista de justicia de derechos y de trabajo digno y decente en Colombia”.

En la sesión en la que participaron delegados de los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Comercio, de la Función Pública, DNP, DANE; de los gremios: ANDI, Acopi, SAC, Asobancaria, de las centrales sindicales: CUT, CGT, CTC y de las confederaciones de pensionados, CPC y CDP, se analizaron las diferentes consideraciones y aspectos de las cifras que presentó el DANE de la Productividad Total de los Factores, por hora trabajada y por persona empleada.

La directora del DANE, Piedad Urdinola, también socializó las cifras del PIB, de las cuentas nacionales de transferencias y de mercado laboral.

Finalmente, el Ministro del Trabajo se refirió a lo expuesto por el presidente de Fenalco: “lamentamos y reprochamos el pronunciamiento que de nuevo acaba de hacer el señor Jaime Alberto Cabal, en nombre de los comerciantes, yo creo que los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio que es a donde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo y a quien dice representar, deben estar muy molestos con la negativa a concurrir a esta discusión, comportándose más como un opositor político, que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de hacer presencia en esta comisión”.

El próximo encuentro, será el martes 9 de diciembre donde además de la presentación de los informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el DANE, el DNP, el Banco de la República, empleadores y gremios pondrán en la mesa las cifras de productividad laboral y sus propuestas de aumento del salario mínimo 2026.

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, luego de que la plenaria del Senado diera su voto favorable al articulado del proyecto con 50 votos por el sí y 27 por el no, completando así el trámite legislativo más importante del calendario fiscal del país.

Un día antes, la Cámara de Representantes había aprobado la ponencia con 83 votos por el sí y 39 por el no, tras una extensa jornada de debate que se prolongó por más de once horas. La plenaria del Senado aprobó el proyecto acogiendo el texto que la Cámara de Representantes había avalado.

El Presupuesto General de la Nación aprobado para 2026 asciende a $546,9 billones, lo que representa un incremento nominal del 4% respecto al PGN vigente de 2025 ($525,8 billones). El gasto total se distribuye en $358,1 billones para funcionamiento (65,5%), $100,4 billones para servicio de la deuda (18,4%), que se redujo en $2 billones frente al primer debate, y $88,4 billones para inversión pública (16,1%).

El monto total aprobado refleja la reducción de $10 billones acordada en el primer debate de las Comisiones Económicas Conjuntas el pasado 24 de septiembre. Aunque la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ascendía a $556,9 billones, el Gobierno acogió el ajuste con el propósito de fortalecer el consenso con el Congreso y mantener la responsabilidad fiscal.

El proyecto aprobado contempla la necesidad de recursos adicionales por $16,3 billones, que serán gestionados a través de la Ley de Financiamiento, que el ministerio de Hacienda radicó y presentó hace unos meses.

Con esto, se espera poder financiar parte del monto aprobado y cumplir la estrategia del Ministerio de Hacienda, de consolidar un marco fiscal responsable, reducir el déficit y garantizar la estabilidad macroeconómica, al tiempo que impulsa la inversión social y el crecimiento sostenible del país.

El Gobierno Nacional y el Congreso de la República dieron un paso decisivo hacia la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026, fijado en $546,9 billones, tras un proceso de concertación que permitió construir acuerdos y consensos en torno al proyecto.

La decisión se tomó en el marco de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso donde la representante Olga Lucía Velásquez, presentó la ponencia que obtuvo una respuesta positiva.

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, destacó que este avance refleja un momento positivo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Lo que hemos logrado es un escenario de acuerdos y consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, que nos permite dar un paso significativo para la aprobación del presupuesto”, afirmó.

Ávila subrayó que las modificaciones solicitadas fueron producto de un diálogo abierto con los congresistas y contaron con el acompañamiento del presidente Gustavo Petro, quien estuvo informado de cada ajuste. “El Gobierno estimuló que ese espacio de consenso se diera, y podemos decir que este es un momento dulce de la relación entre el Congreso y el Gobierno”, añadió.

El presupuesto aprobado contempla una fuente de financiación adicional de $16,9 billones que será discutida bajo una Ley de Financiamiento, la cual tendrá su propio espacio de debate en el Congreso.

En cuanto a la eliminación de algunos artículos sugeridos, el ministro aseguró que, dichas decisiones fueron tomadas en común acuerdo y no comprometen la estabilidad económica ni financiera del país. Es decir, no afectan estructuralmente la operación económica del Gobierno y permiten un margen de trabajo continuo.